El escándalo sacude la casa más famosa del reality de Telefe conducido por Santiago del Moro. La presión de una ONG que lucha contra la trata pone en jaque a la producción.
Jessica Maciel, participante de «Gran Hermano Generación Dorada», está en el ojo de la tormenta. Una denuncia por captación y explotación sexual presentada por 18 víctimas -chicas trans que en ese momento eran menores de edad- ya llegó a la Justicia, pero ahora el caso dio un giro. Una ONG especializada en lucha contra la trata salió con un comunicado contundente que refuerza las presentaciones legales y apuntaría directamente a Telefe y a la producción del reality.
La organización Madres Víctimas de Trata emitió un texto donde confirma la existencia de una denuncia contra una concursante del programa por hechos que «podrían encuadrarse en delitos vinculados a explotación sexual, lesiones, amenazas y otras formas de violencia». Según detallaron, la causa se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Martín, con intervención de la fiscalía a cargo del Dr. Sica. Con ese respaldo institucional, el caso dejó de ser un simple escándalo mediático para transformarse en una causa con peso judicial que pone contra las cuerdas a Telefe.
Los antecedentes son escalofriantes. Según consta en la presentación original, las víctimas aseguran que Jessica Maciel las captaba cuando tenían entre 16 y 17 años, las llevaba a su casa y las presentaba ante otras mujeres trans en un entramado que combinaba violencia física con exigencias económicas.
Frente a ese panorama, el comunicado de la ONG no deja lugar a dudas sobre la gravedad del asunto. «Reafirmamos la importancia de visibilizar estas situaciones y de que los hechos sean investigados por la justicia», sostienen en el escrito, y cierran con una frase que se volvió un manifiesto: «La trata no se banaliza. Se denuncia». El mensaje, leído en clave televisiva, es una advertencia directa para la producción del reality, que hasta ahora mantuvo silencio mientras el escándalo explotaba en los medios.
En Telefe, según pudo saberse, el caso generó un fuerte malestar porque nadie esperaba que un participante activo quedara envuelto en una causa tan sensible. Aunque desde el entorno de la concursante salieron a hablar de «operación» y «falsa denuncia», la presión institucional de una ONG con trayectoria en la lucha contra la trata complica cualquier intento de restarle importancia al asunto. La producción tendría un dolor de cabeza mayúsculo y que el margen de maniobra se achica a medida que la causa judicial avanza.
Lo que busca la organización con su pronunciamiento es que Telefe y los responsables de «Gran Hermano Generación Dorada» no miren para otro lado. La exigencia, aunque no está escrita de manera explícita, apunta a que el canal asuma algún tipo de responsabilidad frente a la participación de alguien señalado por delitos tan graves.
El mensaje es claro: no se trata de un chisme más del mundo del espectáculo, sino de una causa federal con víctimas que buscan justicia. En ese contexto, la producción se debate entre el silencio y la necesidad de tomar una decisión que, hasta ahora, nadie se anima a anunciar.
